¿Cuáles son los resultados sobre “la consulta” en el TIPNIS?

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¿Cuáles son los resultados sobre “la consulta” en el TIPNIS?

La sigla TIPNIS corresponde a Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure.  Creado como Parque Nacional mediante DS 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990, alberga a pueblos indígenas originarios del lugar como los Chimanes y los Yuracarés, pero también a pueblos moxeños trinitarios e ignacianos que durante las décadas de 1950 y 1960 salieron de sus territorios de origen en movimientos mesiánicos en busca de la Loma Santa.

 

El 8 de abril de 2008, la entonces presidente de ABC, Patricia Ballivián, suscribe con la empresa OAS del Brasil el documento de adjudicación de construcción de la carretera en los tramos I, II y III. El 4 de septiembre de 2008, los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Luiz Inacio Lula Da Silva, de Brasil, firman un convenio de financiamiento para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Esta carretera no contaba con un proyecto a diseño final ni con las licencias ambientales, como denunció en su momento el Colegio de Ingenieros de Cochabamba. Las obras se suspendieron el 5 de julio de 2010 por la oposición indígena y por las observaciones mencionadas. Pocos días después renuncia a su cargo el Viceministro de Medio Ambiente Juan Pablo Ramos. Se presume que se negó a firmar las licencias ambientales, que su sucesora, Cinthia Silva, firmó pocos días después de asumir el cargo. El 3 de junio de 2011 el gobierno de Evo Morales decide autorizar el inicio de las obras en los tramos I y III sin haber subsanado la falta de un proyecto a diseño final que pesaba sobre el proyecto.

Paralelamente, las organizaciones indígenas del TIPNIS, la CPIB y la CIDOB iniciaron un proceso de acercamiento con el gobierno para solicitar que se lleve a cabo una consulta antes de decidir la construcción de la carretera. Según el trazo previsto en el tramo II, la carretera tendría que pasar por el medio de la zona núcleo del TIPNIS.

El presidente Morales y otros funcionarios de gobierno coincidieron en afirmar que no se estaba violando el artículo 16 de la CPE, que, por tanto, una consulta no era necesaria, y que la carretera se construiría a pesar de las voces de oposición. El movimiento indígena continuó con su lucha, y anunció una marcha de protesta. En 2011 y en 2012 el movimiento indígena protagonizó la VIII y la IX marchas indígenas, desde Trinidad a La Paz en Defensa del TIPNIS. El resultado de la VIII marcha fue la ley 180 aprobada por el parlamento que declaraba “intangible” al TIPNIS. Posteriormente, se realizó una contramarcha organizada por el gobierno, compuesta por colonizadores y campesinos que habitan en las regiones colindantes al TIPNIS exigiendo que la carretera se construya. Entonces, la Asamblea legislativa aprobó la ley 222, llamando a una consulta y exigiendo que se incluya también a las comunidades aledañas al TIPNIS en el proceso de consulta. En respuesta, el movimiento indígena organizó la IX marcha en defensa del TIPNIS sin lograr el objetivo de detener la consulta.

El movimiento indígena se opuso a la ley 222 y a la consulta que derivaba de ella. Los principales argumentos contra esta ley fueron que el gobierno había iniciado un proceso de desconocimiento de las autoridades del TIPNIS, de las organizaciones indígenas regionales CPIB y la CPMBE y de la organización nacional indígena CIDOB, y que la consulta que se estaba realizando no era previa, ni libre, menos informada ni de buena fe como exige el convenio 169 de la OIT.

Por su parte, la ley 222 facultó al Ministerio de Vivienda y al Tribunal Supremo Electoral, para que lleven a cabo el proceso de consulta. Ambas entidades desarrollaron un protocolo de consulta sin consenso con las organizaciones indígenas y procedieron a ejecutar la consulta en las comunidades del TIPNIS.

Nuevamente el movimiento indígena se organizó para repeler el intento de consulta por considerarlo extemporáneo, exigiendo que la ley 222 sea abolida. Se organizaron brigadas para bloquear los accesos fluviales a las comunidades del TIPNIS. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 222 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que fue rechazado. El fallo del Tribunal Constitucional sugería que el gobierno dialogue y llegue a consensos con las organizaciones indígenas contrarias a la consulta.

Cabe recordar que en agosto de 2012, a pocas semanas de iniciada la consulta  e interpuesta la demanda, el Magistrado Gualberto Cusi, miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional, había declarado que la Ministra de Comunicación, Cecilia Ayllón y el Diputado Héctor Arce, expresidente de la cámara de diputados, habrían presionado a los magistrados del Tribunal Constitucional sobre cómo debería ser la sentencia en relación a la consulta del TIPNIS.

Por su parte, el gobierno organizó comisiones para ingresar al TIPNIS, escoltados por militares de la Fuerza Naval, para sensibilizar el proceso de consulta entre la población indígena. Muchas de estas comisiones fueron encabezadas por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aunque el Ministerio designado era el de Obras Públicas, a cargo de Vladimir Sánchez. Quintana en sus incursiones aprovechó de ingresar con víveres y otros regalos para los indígenas de las comunidades. Según los indígenas del TIPNIS, muchas de estas comisiones no fueron bienvenidas y tuvieron que retirarse de las comunidades.

Finalmente, luego de cuatro meses y algunos días, y luego de dos prórrogas para concluirla, el 7 de diciembre de 2012 la consulta llegó a su fin. Existen tres versiones sobre los resultados, la oficial emitida por el gobierno según la cual se habrían consultado 58 comunidades de las 69 previstas, donde además se habría obtenido un resultado favorable para eliminar la intangibilidad del TIPNIS, y buscar estrategias de desarrollo, salud y educación para las comunidades del TIPNIS, de acuerdo a lo que se preguntó en el protocolo de consulta; la versión de los movimientos indígenas que asegura que aunque las comisiones llegaron a 58 comunidades, no obtuvieron un apoyo rotundo y en algunos casos la consulta se habría realizado fuera de las comunidades mismas para evitar la oposición de los comunarios; finalmente, la versión de la APDHB y de la Iglesia Católica, que habrían ingresado en comisión conjunta, pocos días antes del final de la consulta, y que habrían constatado que el protocolo y los procedimientos no habrían sido cumplidos a cabalidad en todas las comunidades consultadas.

En el marco de todo lo expuesto es necesario reflexionar sobre algunos aspectos: inicialmente, la mala fe del gobierno que utiliza a su favor dos características típicas de los pueblos indígenas: los indígenas siempre aceptarán regalos, pero chantajearlos con regalos es la misma táctica que utilizaron los misioneros para fundar las misiones, por tanto es una táctica colonialista; la visión occidental de considerar a los indígenas pobres y por tanto utilizar la táctica de ofrecerles proyectos de desarrollo para sacarlos de su pobreza es también otra táctica etnocéntrica que es además racista, pues juzga la forma sencilla de vida de los indígenas, y ofrece como única alternativa el desarrollo conducido por el estado; por otro lado, los indígenas nunca permiten que la autoridad de un dirigente sobrepase la autoridad de la comunidad, por tanto fue fácil para los agentes del gobierno obtener la revocación de los poderes concedidos por las comunidades a algunos dirigentes, no sólo a nivel de los corregidores de las comunidades del TIPNIS, sino también  a nivel de las subcentrales, centrales, departamentales e incluso de la CIDOB y luego conseguir el apoyo de esas autoridades temporales.

El empleo de estas tácticas demuestra la mala fe del gobierno en el proceso de consulta, pues en todo momento, el gobierno dirigió el proceso de acuerdo a su conveniencia, o sea la obligatoriedad de construir la carretera por el trazo ya establecido “Sí o sí”.

En segundo lugar, creo que la declaración del Magistrado Cusi, en agosto de 2012, revela una situación muy importante que se ha puesto de relieve a finales de noviembre y en los primeros días de diciembre de 2012, acerca del manejo de la justicia que se ha hecho desde ciertas redes de asesores legales de Ministerios del gobierno boliviano, que utilizaron a jueces y fiscales para extorsionar a personas privadas de libertad para que obtengan beneficios en sus sentencias, o viceversa, para que no obtengan sentencias y así aprovechar de su condición de reos para desposeerlos de sus bienes.

Las declaraciones de Cusi, que mencionan a la Ministra Ayllón y al Diputado Héctor Arce, aparentemente demuestran que existe un patrón, una cultura de presión sobre magistrados, jueces y fiscales, para obtener fallos y sentencias favorables a intereses de ciertos sectores del gobierno o de personas con mucha influencia en cargos de gobierno. Si esto es o no conocido o avalado por las principales autoridades gubernamentales, no se puede saber mientras no se hagan las investigaciones de cada caso. Por tanto, sería muy importante que los movimientos indígenas presenten sus denuncias ante el Ministerio de Gobierno, ahora que las está recibiendo, acerca de las posibles injerencias de poder que se habrían suscitado en los diferentes juicios interpuestos por las organizaciones indígenas desde el caso de denuncia de la represión de Chaparina presentado en la fiscalía de La Paz, hasta el caso de inconstitucionalidad de la ley 222 de consulta, presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En tercer lugar, el gobierno proclama que el porcentaje de las 58 comunidades que aceptaron eliminar la intangibilidad del TIPNIS, equivalente a un 80% de las comunidades sería suficiente como para validar la construcción de la carretera. Aquí el gobierno olvida convenientemente otra característica de los pueblos indígenas, que suelen tomar decisiones sólo si hay consenso total de todos los miembros de la comunidad o comunidades, por una razón muy simple: los pueblos indígenas aborrecen la división de sus comunidades. Entonces, el resultado de esta consulta no sólo no es válido, sino que se ha tratado de una intervención estatal etnocéntrica y etnocida, en busca de quebrar las organizaciones y las comunidades indígenas del TIPNIS.

En conclusión, el poder de dominación ejercido por el Estado Plurinacional de Bolivia sobre los indígenas del TIPNIS fue desmedido. Movilizar todo un aparato estatal para construir una carretera por el medio del TIPNIS, “sí o sí”, gastar millones de bolivianos en publicidad para desacreditar al movimiento indígena y sus dirigentes, para detener y reprimir a la VIII marcha indígena, para articular una contramarcha, para desprestigiar la IX marcha indígena y para realizar una consulta sobre la que pesan más dudas que resultados veraces, demuestra lo desmedido que puede ser un estado y una élite en función de gobierno para obtener lo que quiere a toda costa.

Ésta debe ser una lección que el pueblo boliviano debería aprender sobre el accionar de la dominación del poder estatal, para no permitir nunca más que se vuelva a perpetrar otra humillación de semejante magnitud.

El pueblo boliviano debe aprender también otra lección del conflicto del TIPNIS. Cuando la sociedad se une en defensa del más débil o del más vulnerable, es capaz de hacer frente a todo el poder de dominación del estado. Esto fue lo que sucedió durante la VIII marcha, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles a dar la bienvenida a los miles de marchistas que llegaron en defensa del TIPNIS. La fuerza que la sociedad demostró ese 19 de octubre de 2011, debería ser un hito para la sociedad boliviana, cuando tembló el palacio quemado, mientras la marcha pacífica pasó por la plaza Murillo escoltada por el pueblo boliviano.

No es tiempo de derrocar gobiernos, es tiempo de exigir que se cumplan promesas; es tiempo de encontrar los mecanismos como sociedad para que el estado obedezca la voluntad popular; es tiempo de exigir a las autoridades para que las políticas de inversión no se limiten sólo a contratos millonarios de megaproyectos, sino también a inversiones en la sociedad, en la cultura, en los miles de ejemplos exitosos de desarrollo comunitario; es tiempo que, además de la Iglesia Católica y de la Asamblea de Derechos Humanos, otras organizaciones o representaciones de la Sociedad se sumen a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como los del TIPNIS, así como a la defensa de los derechos de todos los bolivianos, para recuperar el poder constituyente, y para recordar al gobierno del Estado Plurinacional que si ahora tiene el poder es gracias a los movimientos sociales, a todos, no sólo a algunos. 

Alfredo López

Director Boliviaenlared

   
   
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